Este 23 de noviembre se conmemora el Día Mundial Contra la Impunidad, coordinado
por un grupo de instituciones que defienden la libertad de prensa y de
expresión en todo el planeta. El objetivo es crear conciencia por la impunidad
rampante que rodea a la mayoría de casos de asesinatos contra periodistas y
exigir soluciones a los gobiernos.
La fecha se instauró en recordación de la masacre de
Maguindanao de 2009, una localidad de Filipinas, donde un grupo de forajidos
acribilló a tiros y machetazos a 21 periodistas y una treintena de personas que
protestaban por irregularidades en un proceso electoral.
En América Latina tenemos nuestras propias masacres.
Durante lo que va de este año, ya han sido asesinados 22 periodistas. Y el
problema parece no tener solución. La violencia se extiende a la misma
velocidad que se expande el narcotráfico por la región y los gobiernos no
aciertan con políticas para administrar más justicia y prevenir crímenes.
Hasta hace poco, la violencia estaba focalizada en la
frontera entre México y Estados Unidos. Pero este año, a los cinco reporteros
asesinados en México, se sumaron cinco casos en Honduras, cinco en Brasil, tres
en Perú, y otros cuatro en Colombia, Guatemala, El Salvador y República
Dominicana.
Como en el resto del mundo, donde cayeron más de 500
comunicadores en el último lustro, son muy pocos los homicidios que se
resuelven. Y como en general, están motivados por represalias, las
investigaciones de esos casos generan mayor violencia. El crimen del periodista
colombiano, Orlando Sierra, ocurrido en 2002, es revelador. Nueves personas,
entre testigos, policías y fiscales, fueron asesinados por el solo hecho de
meter sus narices en el caso. Sucedió lo mismo con el periodista mexicano José
Rodríguez Carreón, muerto en 2008. Unos cinco investigadores fueron
exterminados y varios fiscales debieron renunciar o ser trasladados a otros
estados, luego de recibir amenazas.
Por supuesto que la violencia y la impunidad no son
propias a la prensa. Casi todas las disciplinas dedicadas al servicio público
están diezmadas, así sean transportistas públicos como en El Salvador y
Guatemala, policías y jueces en México, o abogados en Honduras, donde ya
mataron a 73 este año.
En un foro sobre seguridad celebrado entre la Unesco y
las Naciones Unidas en setiembre pasado, varias organizaciones, entre las que
se destacó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), despotricaron por la
inacción de los gobiernos para administrar justicia y proteger a medios y
periodistas. Pidieron a las autoridades más acción, que se declame menos y que
se haga más.
México pareciera haber recogido el guante. Esta semana, y
después de que la SIP lo viniera solicitando desde 1997, la Cámara de Diputados
resolvió aprobar una reforma constitucional, accediendo a que los delitos
contra la libertad de expresión, entre ellos los crímenes contra periodistas,
sean considerados delitos del orden federal. La medida permitirá que los casos
los absorba el estado nacional, ante la inacción de las policías y la justicia
en el interior del país, ya sea porque carecen de los recursos necesarios para
su trabajo o porque están coludidas con el crimen organizado.
La Corte Suprema de Justicia de Perú adoptó una medida
similar hace dos años, al crear tribunales especiales para procesar crímenes
contra la prensa. En Colombia, el Congreso reformó el Código Penal agravando
las penas para ese tipo de delitos y extendió el plazo de prescripción de 20 a
30 años. También, la Fiscalía Nacional reactivó más de una veintena de casos de
periodistas que estaban a punto de prescribir, permitiendo que sus familiares
abriguen la esperanza de justicia y reparación.
Por sí solas, estas medidas no parece que podrán detener
los altos índices de impunidad. Se necesitan estrategias más concertadas y
globales.
Si las nuevas reformas promovidas por organismos
políticos no funcionan o son insuficientes, éste podría ser el momento adecuado
para que las entidades de ayuda financiera internacional, como el Banco
Mundial, condicionen la asistencia económica, hasta que los países
beneficiarios demuestren estándares judiciales razonables y resultados
concretos para reducir la impunidad. Muchas veces, la billetera vacía es lo
único que nos moviliza.
trottiart@gmail.com
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